Filadelfia dejará de dar acceso a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a una base de datos de arrestos en tiempo real, diciendo que la agencia está haciendo un uso indebido de la información para realizar redadas en las que los inmigrantes que no han infringido la ley también están siendo atrapados. Funcionarios federales dijeron que la decisión pone a los ciudadanos estadounidenses en peligro.

“No vamos a proporcionarles información para que puedan salir y reunir a la gente”, dijo el viernes el alcalde demócrata Jim Kenney mientras anunciaba su decisión de dejar que expirara, a fines del mes próximo, un contrato con el ICE de una década.

Kenney dijo que los oficiales de inmigración están usando erróneamente la base de datos para ir a hogares y lugares de trabajo de personas que proceden de países extranjeros y arrestan a otras personas que están ilegalmente en el país pero que no están acusadas de ningún delito. El ICE ha dicho anteriormente que se centraría en la deportación inmediata para las personas en el país que tenían condenas por delitos graves o eran sospechosas de ellos.

Estados Unidos Está Donando $10 Millones para Ayudar a Residentes Legales a Convertirse en Ciudadanos

A pesar de un nuevo conjunto de directrices y procedimientos que refuerzan las políticas de inmigración y amplían la posibilidad de deportación para los residentes legales, el gobierno de EE. UU. se ofreció para ayudar a los residentes permanentes legales que solicitan la ciudadanía.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, pro sus sislas en inglés) anunció esta semana que usará los fondos recaudados a través de las tarifas pagadas al servicio para subsidiar los programas de preparación para la ciudadanía en todo el país bajo el marco del Programa de Subsidios de Ciudadanía y Asimilación.

Los $10 millones en subvenciones son una suma importante para las organizaciones pro-inmigrantes, que generalmente tienen recursos limitados para ayudar a los extranjeros de bajos ingresos a convertirse en ciudadanos estadounidenses.

Los Demócratas Solicitan que Se Investigue el Papel que Jugó el Departamento de Justicia en la Política de Separación Familiar

Los demócratas del Senado piden al Inspector General del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) Michael Horowitz que investigue el papel de la agencia en la separación de las familias en la frontera sur. El líder demócrata del Senado, Dick Durbin, encabezó la carta, firmada por 30 de sus colegas, incluidos los independientes Sens. Bernie Sanders y Angus King.

“La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos están llevando a cabo revisiones a la política de cero tolerancias, y el Departamento de Justicia también debe enfrentar el escrutinio por su integral papel en la iniciación y ejecución de la política de cero tolerancias”, dice la carta. “Por lo tanto, instamos a que se le dé inicio de inmediato a una investigación sobre el papel del Departamento en esta crisis humanitaria”.

Juez Permite Demanda Contra el Censo, Citando Como Prueba “el Rechazo Hacia los Inmigrantes de Color” de Trump

Un juez federal permitió una demanda contra la administración Trump por su controvertida decisión de agregar una pregunta sobre la ciudadanía en el Censo 2020.

El juez Jesse Furman, del Distrito Sur de Manhattan, dijo que los demandantes dieron evidencia plausible de que los funcionarios de los EE. UU. tenían la intención de discriminar a las comunidades de inmigrantes, impulsadas por las incendiarias declaraciones del presidente Trump sobre los inmigrantes de color.

Los demandantes, que incluyen a 18 estados, el Distrito de Columbia, varias ciudades y grupos de defensa, argumentaron que incluir una pregunta sobre la ciudadanía haría que muchos inmigrantes se rehusaran a responder el censo, un riesgo que dicen es “mayor en el clima político actual debido a la retórica anti-inmigrante del presidente Trump”. Esta negativa a cooperar, según los críticos, podría desencadenar un recuento insuficiente que privaría a las comunidades de parte que les corresponde del financiamiento federal para servicios gubernamentales cruciales como escuelas, carreteras y puentes.

El Departamento de Comercio le pidió al juez que desestime la demanda, en parte argumentando que el tribunal carecía de jurisdicción sobre ella, pero Furman se negó y dijo que los tribunales “tienen un papel fundamental que desempeñar en la revisión de la conducta de las ramas políticas”.

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